Quito, 14 jun (Prensa Latina) Comerciantes de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, en la provincia de Guayas, salieron hoy a las calles para exigir seguridad ante la ola de violencia en esa urbe costera.
Los manifestantes demandaron acciones concretas para combatir el robo, la extorsión y los secuestros que proliferan en la zona.
El gremio aseguró que en lo que va de año, los secuestros se multiplicaron alarmantemente en esa localidad.
Un reporte del canal Ecuavisa detalló que el caso más reciente ocurrió el pasado día 7, cuando cuatro delincuentes fuertemente armados ingresaron a un local de venta de repuestos y, bajo amenazas de muerte, secuestraron al hijo del dueño del establecimiento.
Los secuestradores exigieron un rescate de 100 mil dólares, sin embargo, la intervención de la policía permitió la liberación del joven casi 20 horas después. Los comerciantes reportaron una drástica reducción en sus ventas, estimando una caída del 60 por ciento, atribuida al miedo de los clientes de ser asaltados mientras realizan sus compras.
Este viernes, la Corte Constitucional en Ecuador declaró inconstitucional el estado de excepción focalizado en siete provincias del país, decretado por el presidente Daniel Noboa el pasado 22 de mayo.
De acuerdo con la Corte, los argumentos mencionados en el documento «no configuran específicamente la causal de conflicto armado interno, que en esta ocasión, fue la única convocada por el mandatario».
Las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, Sucumbíos y Orellana, y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay son los territorios en los que rige esta disposición, según lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo 275.
En Ecuador rige la declaratoria de conflicto armado interno, una disposición con la cual el presidente Daniel Noboa acompañó en enero pasado otra declaratoria de estado de excepción a nivel nacional para frenar la inseguridad y el crimen organizado.
A pesar de la presencia militar en las calles, el número de muertes violentas, extorsiones y otros delitos siguen al alza, mientras crecen las preocupaciones por el exceso en el uso de la fuerza en el combate a los grupos criminales.
Expertos en materia jurídica alertan que la militarización no servirá de mucho si no se adoptan medidas de corte social para disminuir la desigualdad.